El foco esta puesto en generar una estrecha relación entre el Gobierno y los ciudadanos; teniendo como principios:
• Responder al reclamo de más transparencia de los gobiernos
• Mayor participación en los asuntos cívicos
• Hacer que los gobiernos sean más responsables y eficaces
• Promover la transparencia y luchar contra la corrupción
• Resaltar el valor de la apertura en el compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar recursos públicos y crear comunidades más seguras.
Y los países que participan se comprometen a:
• Aumentar la disponibilidad de información sobre actividades gubernamentales
• Apoyar la participación
• Aplicar los más altos estándares de integridad profesional en sus administraciones
• Aumentar el acceso a nuevas tecnologías para apertura y rendición de cuentas
Ahora bien, en nuestro país se han llevado a cabo presentaciones, hackatones, iniciativas con datos abiertos, proyectos de tecnología, e historias gracias al movimiento Open Gov, “transparencia, participación y colaboración” ¿y cuál fue el resultado? seguimos muy bien posicionados en el ranking de países con mayor corrupción.
Muchos gobiernos lo hacen para seguir la tendencia y no como una verdadera herramienta a la transparencia y la mejora institucional. Otros publican información de manera superficial y que poco tiene que ver con el manejo de los fondos públicos.
Es hora de abrir los ojos, y no permitir que se direccionen nuestros recursos económicos y tecnológicos nuevamente al show de la desinversión.
Si nos quieren hablar de transparencia, la transparencia de los datos no es igual que la transparencia de los procesos de gobierno. Los datos pueden ser abiertos, pero nada explica el procedimiento en cuestión. De los datos se puede inferir, pero la evidencia está en los procesos. Concentrarnos en ellos, significa elevarnos un escalón más en el camino hacia una mayor accountability.
Los controles intra-estatales tendientes al control de los poderes del estado, y la transparencia, se potencian mutuamente en el camino del gobierno abierto. Pero no solo hay que abrir datos, sino también, deben estar acompañados por agencias con poder real para controlar el ejercicio de los poderes estatales. Y no debemos olvidarnos del excelente trabajo del accountability social, aquellas instituciones interesadas en el ejercicio gubernamental.
Ahora me pregunto, ¿realmente creemos que la propuesta nacional de Gobierno Abierto cumple con estas formas?
Un ejemplo concreto en nuestro país son las contrataciones públicas, que como sabemos tienen gran incidencia en el gasto del Estado, y es sumamente importante que se promueva la transparencia en los procedimientos, tanto para prevenir hechos de corrupción como para investigarlos y darles correspondiente sanción si tuvieran lugar. Así se optimizaría el gasto y se usarían los recursos de los ciudadanos de manera más eficiente. Pero según Transparency International, y su Índice de Percepción de la Corrupción, Argentina ocupa la posición 66 de 198 países. Y esto debe alertarnos sobre la imperiosa necesidad de modernizar el sistema actual de contrataciones haciendo foco en: facilitar la publicidad de los requerimientos, desburocratizar las presentaciones, transparentar mediante datos abiertos, democratizar la información, y sumergirse en un marco general de cambios bajo el paraguas de la Transformación Digital del Estado.
El sistema de compras en la Argentina, posee deficiencias evidentes en materia de transparencia. Esas deficiencias se mantienen hace años, sin una reforma significativa. En todos los pasos se encuentran situaciones permeables de delito, tanto por parte del Gobierno como del oferente. El sistema es complejo, burocrático y se presenta como uno de los rubros con mayores riesgos de corrupción en la Argentina. Y esa complejidad e ineficiencia en los procesos de compras se agudizaron en tiempos de pandemia, permitiendo adquirir todo tipo de recursos sin estar sujeto al Régimen General de Contrataciones.
Solo por mencionar algunas deficiencias, encontramos: falta de publicidad y difusión de las convocatorias, pobres esquemas de evaluación, modalidades de contratación poco seguras, no verificación de antecedentes, informalidad de los actos y no respeto de las instancias indicadas en los pliegos.
Sin dudas, la raíz del problema es la falta de ética y su rearme sería el regreso a los valores esenciales para el "buen" uso de los recursos, pero existen otras causas, de tipo accionables, sostenidas en lo normativo, procedimental y tecnológico de las contrataciones, que presentan deficiencias, facilitando un escenario propicio para la evolución del problema.
SI LAS GARANTÍAS EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ESTUVIESEN EN MANO DE TODOS (O DE NADIE) CON BLOCKCHAIN
Blockchain se define como una base de datos distribuida, descentralizada, y compartida por múltiples nodos, en la que se registran bloques de información. Y que además permite almacenar dicha información de forma inmutable, ordenada y segura. O sea:
1. Registro de información distribuido: a diferencia de una base de datos centralizada, en las bases de datos descentralizadas, la información se almacena en varias computadoras (nodos) y son estos los que controlan la red.
2. Inmutabilidad: en ningún caso se puede editar o borrar información que haya sido validada y añadida a la cadena. Si algún nodo es comprometido, todos los otros nodos mantendrán la base de datos íntegra. A su vez, si se modifica alguna información, los cambios serán visibles por los otros nodos; convirtiéndose así en un proceso de autenticación distribuida.
3. Protocolo de consenso: para que la información contenida en un bloque sea considerada como válida, todos los participantes deben de estar de acuerdo. No hace falta una persona o entidad centralizadora que legitime la información guardada en la cadena, ya que es segura por naturaleza
4. Trazabilidad y transparencia: como consecuencia del encadenamiento sucesivo de los bloques, se pueden ordenar cronológicamente los eventos, de modo que las operaciones están dotadas de trazabilidad y transparencia
Los avances tecnológicos sugeridos, apuntan a que, con la ayuda de los cambios normativos administrativos, se fomente la descentralización, la desburocratización, la independencia de los datos y la visibilidad permanente del manejo de los recursos públicos.
Así, Blockchain podría ser más que un registro y podría utilizarse para la emisión de documentos, configurar actuaciones administrativas automatizadas en procedimientos de licitación y contratación pública, y evaluar ofertas (aplicando de forma automática los criterios reglados y parametrizados que se establecen en un pliego) entre otras.
¡Nos permitiría generar mecanismos que no necesiten confianza en el gobierno, eliminando la discrecionalidad de los funcionarios de turno! (¿Quién controla al que controla?)
Existe un "camino andado" en Argentina, y que por solo mencionar algunos proyectos en curso, tenemos: la rúbrica de libros contables digitales de las SAS: el Blockchain Federal Argentino, conformado por la sociedad civil, la academia y el Estado, representados por la Cámara Argentina de Internet, las Redes de Interconexión Universitaria y el Poder Ejecutivo Nacional a través del NIC.AR, permitiendo la utilización de aplicaciones verticales pensadas para hacer contratos y transacciones. La experiencia de la Municipalidad de Bahía Blanca, en procesos de ayudas y subsidios culturales municipales, como medida que favorezca el gobierno abierto. La Municipalidad de Córdoba, incorporó esta tecnología para proteger la información existente y así mejorar la eficiencia de sus procesos administrativos a través de Bitcoin y Etherum para certificar los datos más importantes de su portal, abarcando por ejemplo declaraciones juradas de los funcionarios, y las ejecuciones presupuestarias, entre otras.
Para ir en el camino correcto de la transparencia, debemos hacer a un lado la idea simple de que el burócrata sigue órdenes superiores, solo ejecutando, pero no haciendo elecciones de política, y motivado tan sólo por fomentar el "interés público". Tanto en la burocracia gubernamental como en las instituciones privadas, es necesario examinar cuidadosamente las restricciones y oportunidades que enfrentan los tomadores de decisiones.
Tal como James M. Buchanan, Tullock y la Escuela de la Elección Pública, han señalado, debemos dejar de lado la ilusión de creer que los políticos se interesan por el bien común. Como cualquier persona, siempre buscan maximizar su propio beneficio y el de aquellos a quienes representan. Nuestro trabajo es fomentar la utilización de las herramientas que garanticen que lo que hacen, es lo que esperamos.
Gugliotta Gastón.
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